La responsabilidad penal de la persona jurídica ha sido uno de los temas más debatidos por la doctrina jurídica nacional e internacional. En Colombia, el intento de regular legislativamente la responsabilidad penal de la persona jurídica se advierte desde 1888 en el Proyecto Porras. Más tarde, en la discusión del Proyecto de Código Penal que culminó con la expedición del Estatuto de 1980. En su comisión de 1978, el comisionado Luis Carlos Giraldo Marín revivió el tema con una extraordinaria ponencia que fue enterrada con el argumento de que el país aún no estaba maduro para avanzar en tal sentido. De forma tímida, y podría decirse, por la puerta falsa, se inició en Colombia el proceso de reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, como se advierte en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) que permite levantar el velo corporativo cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de la actividad criminal o, en la Ley 365 de 1997, que faculta la cancelación de la personería jurídica cuando se demuestra que el ente moral se ha dedicado en forma total o parcial al desarrollo de actividades criminales. Pues bien, todos estos temas controversiales fueron objeto del análisis que adelantaron los integrantes del Grupo de Investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué, por un dilatado período, en su línea de estudio del derecho penal económico. 

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