El deseo de enriquecimiento fácil y rápido, unido a la audacia de banqueros de hecho, ha generado en el país dos grandes crisis financieras que han obligado a las autoridades a decretar el Estado de Emergencia Social y, al legislador, a crear y modificar, al amparo de estas situaciones de excepción, tipos penales que sancionen el ejercicio ilegal de la actividad financiera. En este trabajo se relatan los casos más conocidos de captaciones ilegales y se efectúa un cuidadoso análisis de las normas administrativas y penales con las que el Estado ha procurado combatir este comportamiento que tanto daño le ha causado al orden económico social y al patrimonio de los ciudadanos. Asimismo, se presentan algunas propuestas para evitar que los ahorradores acudan a estos piratas financieros en procura de mejores rendimientos para sus recursos.