Hasta finales del siglo XX, el Positivismo Jurídico imperó en el derecho nacional, hasta el punto de que casi no prospera la convocatoria de un plebiscito para reformar la Constitución, por considerarla extraña al orden jurídico imperante. Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia lo declaró constitucional con el siguiente argumento: “Cuando la nación, en el ejercicio de su poder soberano e inalienable, decide pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habrá de regir sus destinos, no está ni podrá estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión”. Así se abrió la puerta a la realidad social para que tomara su papel en el destino del pueblo. Esta decisión dio lugar a que la ética volviera a estar dentro del derecho, la que había sido repudiada por el Positivismo Jurídico.

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